Problema. De 321 casos registrados el 2020, solo 52 se dieron en pleno confinamiento. Falta de capacitación a médicos, poca información a gestantes y restricciones afectaron el servicio. Hay muertes que pudieron evitarse.
En enero de este año, en medio de la pandemia, una adolescente de 12 años gritaba en los pasillos de un hospital de Lima que “no valía la pena seguir así”. Eran ambientes llenos de muerte, desesperación y miedo por un virus. Pero nada de eso era la causa de su dolor. Ella gritaba porque había sido violada y estaba embarazada. Y pedía, por segunda vez, que acaben con eso.
La primera vez fue cuando llegó a la emergencia con su mamá para tratarse unas lesiones y, durante el proceso, le informaron que por los antecedentes de depresión severa y su conducta suicida podía someterse a un aborto terapéutico. La menor tenía herido el cuerpo, pero más aún la mente. Entonces, aceptó aquella opción. Pero eso no fue suficiente: su madre no quería. Un médico tampoco.
De la menor no se supo más hasta unas semanas después, cuando volvió para un control prenatal. Su avanzada gestación ya no le permitía interrumpirla. Pero ella seguía sin desearla: “No vale la pena seguir así”.
Una médica —que prefiere no identificarse— recuerda con claridad cada palabra. No era la primera vez que las escuchaba. Tampoco la primera que veía a un colega evitar, por creencias o falta de información sobre la normativa, este procedimiento.
En el Perú, quien practica un aborto tras una violación puede ir a la cárcel, distinto a lo que ocurre en países como Chile, Brasil y Ecuador, que lo despenalizó hace apenas un mes; o Argentina, que en enero lo legalizó para que sea libre, seguro y gratuito en todos los casos. Lo único que aquí está permitido, desde 1924, es el aborto terapéutico; es decir, aquel que se aplica cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitarle un mal grave y permanente. Incluso, hace 7 años, se aprobó la guía técnica, con la que se debía reforzar su aplicación para embarazos menores de 22 semanas. Pero eso no ha sido suficiente, más aun en esta pandemia.
Antes de la llegada del COVID-19, su implementación había sido deficiente y presentaba un alto subregistro, lo cual fue reconocido por el mismo Estado peruano el 2018 ante la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. En su informe detalló que el acceso al aborto con calidad “es uno de los principales problemas que generan alta morbilidad y casos de muerte materna”.
Este panorama; sin embargo, se ha agudizado en la pandemia con las restricciones iniciales en los servicios de salud sexual y reproductiva, la interrupción de citas en las áreas de ginecología o planificación familiar, la falta de acceso al primer nivel de atención y las dificultades de desplazamiento de mujeres en el confinamiento, lo cual también agravó la violencia en el hogar.
Esto se suma a las trabas ya alertadas en los últimos años, como el escaso compromiso de las direcciones de hospitales, la falta de capacitación a médicos y de difusión a gestantes sobre el acceso a este procedimiento legal, la mala interpretación de la guía técnica y la exclusión del daño a la salud mental como causal, según advierten la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia (SPOG), la Defensoría del Pueblo y las organizaciones feministas como Promsex, que incluso han llevado estos casos a cortes internacionales.
Hay meses sin casos
El 2020, los hospitales del Ministerio de Salud (Minsa) y gobiernos regionales registraron 321 abortos terapéuticos, según cifras oficiales a las que tuvo acceso La República. De estas, 242 se llevaron a cabo en pandemia.
No obstante, solo 52 ocurrieron entre marzo y junio del 2020, cuando se aplicaba la cuarentena estricta, las peruanas no podían salir de casa, y la mayoría de servicios médicos no COVID habían sido restringidos.
En el Instituto Nacional Materno Perinatal (antigua Maternidad de Lima), uno de los que más aplica el procedimiento, en abril, mayo y julio del 2020 no se reportó ningún aborto terapéutico. Todo ese año solo se practicaron 30, un revés frente a lo reportado años anteriores: 2017 (27), 2018 (84) y 2019 (98).
“La cuarentena impactó en la implementación que ya era débil. Si bien el Minsa hizo una guía, su ejecución no es adecuada. Las mujeres no saben que pueden ir a un hospital y pedirlo para prevenir problemas con su vida o salud. No todos los hospitales se comprometen, ni los ginecólogos aceptan. No están sensibilizados”, explica el médico Miguel Gutiérrez, asesor de la SPOG.
“No estarían muertas”
Para entender la magnitud del problema, dice Gutiérrez, un importante indicador son las muertes maternas indirectas; es decir, aquellas que no están vinculadas al mismo embarazo, sino a enfermedades que lo complican, como lo sería una insuficiencia cardiaca, males renales o cáncer. “El aborto terapéutico debería disminuir este porcentaje”.
Bajo esta premisa, el aumento en la aplicación de este procedimiento debería impactar en las muertes maternas indirectas. “Pero el año pasado se elevó un 40% cuando en el 2019 había bajado enormemente. La primera causa ha sido la COVID, pero a eso se suman enfermedades cardiovasculares y neoplásicas. Si pasaban por un aborto terapéutico, ellas no estarían muertas”, dice.
Si solo se toman en cuenta los casos que figuran en el registro del Minsa el 2020, la mayoría de los abortos médicos se practicaron en mujeres de entre 18 y 29 años (175), luego en las que tenían entre 30 y 59 años (127), pero también se reportan 19 casos de menores de entre 12 y 17 años.
En este último grupo están niñas de la edad de Camila, cuyo emblemático caso motivó la denuncia de Promsex contra el Estado peruano ante el Comité de Derechos de Niños de la ONU. La menor indígena había sido víctima de violencia sexual por parte de su padre durante 4 años, quedó embarazada a los 13 y se le negó el aborto terapéutico, pese a la insistencia de su madre. Tuvo una pérdida espontánea y una fiscal le abrió una investigación por el delito de autoaborto.
“El Estado fue notificado en enero, y a mitad de año (julio) vencerá el plazo para que responda. Con eso, el comité decidirá si la petición es admisible y analizará el tema. Lo que queremos es una reparación para Camila. En el Perú no hay mecanismos para eso”, detalla Gabriela Oporto, vocera de Promsex.
Precisamente, las supervisiones de la Defensoría del Pueblo desde hace más de 5 años alertaban sobre las limitaciones en la aplicación del protocolo, lo cual resulta más crítico en menores víctimas de violación sexual.
“El balance no es positivo. Una recomendación ha sido que el Minsa evalúe una guía especializada para menores. Hay una obligación marcada por la mayor afectación a su salud integral”, dice Diana Portal, representante de la Defensoría, quien agrega la necesidad de capacitar y no criminalizar a los médicos.
Según su experiencia, Gutiérrez añade que la primera causa de muerte materna indirecta en adolescentes es el suicidio. En esa línea, la psiquiatra Vanessa Herrera confirma la significativa afectación de un embarazo forzoso en la salud mental de las menores, por lo que pide que sea respetado como causal. “Hasta el 40% de los embarazos no deseados puede tener mayor presencia de depresión, con lo que eleva el riesgo o la conducta suicida”. Entonces, el daño no solo es físico sino mental. Adolescentes como Camila o la niña de 12 años que lloraba en un hospital de Lima aún luchan por su derecho.
Las claves
En el 2020, la mortalidad materna (directa e indirecta) se elevó a 440, 45,7% más frente al 2019. “Muchas pudieron prevenirse, como hemorragias e hipertensión; otras estuvieron asociadas al COVID”, dice la Mesa para la Lucha contra la Pobreza.
Se buscó la versión del Minsa. No hubo respuesta.
Esta semana se conmemoró el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.
Las causales y el proceso para solicitar este procedimiento
El aborto terapéutico puede aplicarse, previa evaluación, en 12 casos, entre ellos, el embarazo ectópico tubárico, neoplasia maligna, hipertensión arterial crónica severa, lesión neurológica severa, que empeora con el embarazo, lupus eritematoso sistémico, diabetes mellitus avanzada u otra patología materna que ponga en riesgo la vida de la gestante o que genera en su salud un mal grave y permanente. En este último caso, reiteran expertos, se debe considerar la salud mental.
Para acceder a ello, el médico debe informar a la gestante sobre los riesgos en su salud, y ella o un representante presentar la solicitud. Luego lo ve una junta médica o la dirección. Este proceso no debe exceder los seis días calendarios.
(Fuente la República)
